En torno a las cosas que suceden en el mundo y cómo nos las cuentan, una de las estratagemas informativas que promocionan las instancias con poder mediático y que más confusión producen en la ciudadanía es la técnica discursiva de “tratar la parte por el todo”. Por ejemplo, el pasado 23 de febrero, se podía leer, en la sección Empresas del diario Cinco Días -perteneciente al grupo Prisa- el siguiente titular: “España, grande en industria militar”. El artículo versaba sobre lo bien situadas que por volumen de ventas están tres empresas españolas en el “top 100” de “los grandes de la industria de defensa”: Airbus Military (en el 23º puesto), Navantia (en el 43º), e Indra (en el 63º). Los datos que avalan esta clasificación proceden del último informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, una organización antibelicista de reconocido rigor y prestigio. Así que lo de “España”, en realidad, se refería a tres empresas de filiación española. Y la pretendida condición autóctona de esas industrias también habría que ponerla en entredicho. Pues la Airbus Military es la nueva configuración empresarial del antiguo conglomerado industrial EADS-CASA, formado por la empresa “nacional” Construcciones Aeronáuticas SA y la principal corporación industrial europea de aviación y el espacio (la European Aeronautic Defence and Space Company). Hoy en día, las grandes empresas, por su condición de Sociedades Anónimas y por la expansión de la Globalización Neoliberal, tienen su titularidad de origen tan repartida entre propietarios de distintos países, como fluctuantes son sus proporciones.
En ese “top 100” internacional de empresas armamentísticas hay un 45% de corporaciones de EEUU y un 33% de compañías pertenecientes nueve de los países de Europa occidental: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza, además de España. Así, en el llamado 1er mundo se concentran, casi en un 80%, los mayores productores mundiales de armas. Siendo diez organizaciones empresariales –Lockheed, BAE, Boeing, General Dinamics y EADS, entre las más importantes- las que, por sí solas, acaparan casi el 57% de las ventas mundiales.
El informe se completa con dos guindas: la empresa HP (la de las impresoras), dando una muestra modélica de la amoralidad empresarial que preside la búsqueda de negocio, ocupa el puesto 51 de la clasificación del sector armamentístico; y uno de los grupos que presta servicios mercenarios, llamado Dyncorp, se encuentra en el 35º.
¿Desde cuándo es un oficio y un servicio matar, sin tener la condición de funcionario militar del Estado?
Con todo, el artículo referido concluye sin aportar ningún dato que identifique a las entidades que adquieren el “material de uso militar”, ni sobre qué porcentaje del PIB de sus países dedican a la compra de “productos militares” los clientes gubernamentales. Tampoco se informa del porcentaje que alcanza el comercio mundial ilegal o ilegítimo de “material militar”, ni se dice nada del impacto humanitario y ambiental que supone su empleo, muy a menudo, sobre población civil indefensa y sobre hábitats y entornos de gran valor.
¿Cómo puede permitirse comerciar internacionalmente con productos, equipamientos y servicios que serían ilegales en el país de origen? ¿Cómo pueden mantenerse relaciones comerciales con las empresas que realizan esas prácticas y con los Estados que las permiten?
Todo esto es propiciado por la utilización de otra artimaña informativa muy extendida en las instituciones estatales y mercantiles: la de no contar lo que no les conviene.
Así, entre los recientes escándalos que se están destapando en torno a Túnez, Egipto, Libia y demás Estados dictatoriales en jaque por las multitudinarias manifestaciones en pro de la democratización de sus poblaciones, no son menores los continuados apoyos políticos, financieros e industriales proporcionados por parte de las potencias mundiales, en general, y por diferentes países de la Unión Europea, en particular, a esos regímenes autoritarios y corruptos.
Afortunadamente, a los poderosos les resulta cada vez más difícil ocultar la información de interés social. Sin ir más lejos, un artículo del periódico Público del pasado 26 de febrero, con el título de “España vende armas a gobiernos bajo sospecha” (otra vez, “la parte por el todo”), se hacía eco de cómo las ONGs que componen la plataforma Armas bajo Control, han acusado al Gobierno central de incumplir la Ley 53/2007, que determina en qué condiciones el Estado español puede exportar material de defensa.
Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace, Intermón Oxfam y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria denunciaban -con los datos aportados por la Secretaría de Estado de Comercio- como durante el primer semestre de 2010, empresas “españolas” exportaron a Libia material militar por valor de 6,8 millones de euros. Que también se exporta este material a países de la zona "envueltos ahora en graves violaciones de derechos humanos”, como son Arabia Saudita y Marruecos. Y que Argelia, Egipto, Jordania y Túnez son asimismo "destinos preocupantes" de armas fabricadas en nuestro país, "desde hace mucho tiempo".
Menos mal que, tras las denuncias, se depurarán rápidamente responsabilidades y se pondrá coto a estas prácticas indignas e ilegales ¿No lo creen? Con los actuales responsables políticos principales y altos cargos de la función pública, yo tampoco.
La manera de ofrecer la información no es, desde luego, inocente: el enunciado “Tres grandes empresas armamentísticas multinacionales obtienen pingües beneficios de la venta de armas a gobiernos dictatoriales y corruptos, con el generoso y –presuntamente- ilegal apoyo de la Administración Central del Estado”, suena bastante peor que “España, grande en industria militar”, pero está mucho más próximo a la verdad; la inmoral e indignante verdad de las cosas que suceden en el mundo y cómo nos las cuentan.
Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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