LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Un error administrativo de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha provocado que este curso escolar los alumnos no cuenten con auxiliares de conversación de inglés. En esta ocasión no se trata de los efectos que provocan los recortes presupuestarios sino de una irregularidad laboral detectada por la Tesorería General de la Seguridad Social del Estado. El Ministerio de Trabajo e Inmigración solicita a Educación al pago de 423.717 euros en conceptos de cuotas a la Seguridad Social, desempleo, fondos de Garantía Salarial y Formación Profesional que no han sido abonados a más de un centenar de estos profesionales entre septiembre y marzo.
El error, cometido durante la etapa del anterior equipo de gobierno de Educación, encabezado por Milagros Luis Brito, ha dejado en la calle a unos 323 auxiliares de conversación de inglés en toda Canarias y a numerosos alumnos sin este recurso educativo para mejorar su pronunciación ya que dichos profesionales tenían como lengua materna dicho idioma.
La Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife -fue en esa ciudad donde se destapó el caso- considera que los trabajadores, contratados como "autónomos que prestan sus servicios", en realidad son "falsos autónomos" ya que mantienen una relación laboral con la Consejería al tener, por ejemplo, un salario fijado -63,13 horas a la semana- que se les descuenta en caso de no acudir a clase o de realizar huelga, y tener un horario fijado por el centro, entre otras cuestiones.
De ser así, al nuevo equipo de la Consejería se le podría plantear un tercer problema aparte del educativo y del económico: que los auxiliares de conversación reclamaran incorporarse a la administración en base a los derechos adquiridos durante estos años de trabajo.
A este respecto, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, advirtió a finales de la semana pasada de que el programa no tenía carácter indefinido y que la Consejería no va a permitir que el que "trabaja de forma autónoma se reconvierta en funcionario por la puerta de atrás". Pero no se pronunció sobre la solución que tomará la administración.
El portavoz de Anpe, Bernardo Huerga, señaló que el sindicato reclamará a la Consejería que admita inmediatamente a los auxiliares de conversación en los centros al mismo tiempo que solicita una reunión con el consejero para llegar a una "salida consensuada". Mientras, aclaró que el caso no fue denunciado por su organización, sino que algunos afectados acudieron a su organización en busca de ayuda.
Asignados por los CEP
Los Centros del Profesorado (CEP) eran los encargados de distribuir a los auxiliares de conversación por cada colegio. Estos les ponían el horario en función del número de grupos, niveles y alumnos, y se encargaban a finales de mes de remitir al CEP el número de horas trabajadas. Además de coordinar sus tareas.
El auxiliar de conversación trabajaba conjuntamente con el profesor titular en clase y en ningún momento podía hacer de sustituto.
Más de 320 centros de Primaria y Secundaria de Canarias se beneficiaron durante el curso 2009/10 de esta iniciativa, que comenzó a operar en el Archipiélago en 2001. En 2006, el proyecto obtuvo el Sello Europeo a la iniciativa educativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
El error, cometido durante la etapa del anterior equipo de gobierno de Educación, encabezado por Milagros Luis Brito, ha dejado en la calle a unos 323 auxiliares de conversación de inglés en toda Canarias y a numerosos alumnos sin este recurso educativo para mejorar su pronunciación ya que dichos profesionales tenían como lengua materna dicho idioma.
La Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife -fue en esa ciudad donde se destapó el caso- considera que los trabajadores, contratados como "autónomos que prestan sus servicios", en realidad son "falsos autónomos" ya que mantienen una relación laboral con la Consejería al tener, por ejemplo, un salario fijado -63,13 horas a la semana- que se les descuenta en caso de no acudir a clase o de realizar huelga, y tener un horario fijado por el centro, entre otras cuestiones.
De ser así, al nuevo equipo de la Consejería se le podría plantear un tercer problema aparte del educativo y del económico: que los auxiliares de conversación reclamaran incorporarse a la administración en base a los derechos adquiridos durante estos años de trabajo.
A este respecto, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, advirtió a finales de la semana pasada de que el programa no tenía carácter indefinido y que la Consejería no va a permitir que el que "trabaja de forma autónoma se reconvierta en funcionario por la puerta de atrás". Pero no se pronunció sobre la solución que tomará la administración.
El portavoz de Anpe, Bernardo Huerga, señaló que el sindicato reclamará a la Consejería que admita inmediatamente a los auxiliares de conversación en los centros al mismo tiempo que solicita una reunión con el consejero para llegar a una "salida consensuada". Mientras, aclaró que el caso no fue denunciado por su organización, sino que algunos afectados acudieron a su organización en busca de ayuda.
Asignados por los CEP
Los Centros del Profesorado (CEP) eran los encargados de distribuir a los auxiliares de conversación por cada colegio. Estos les ponían el horario en función del número de grupos, niveles y alumnos, y se encargaban a finales de mes de remitir al CEP el número de horas trabajadas. Además de coordinar sus tareas.
El auxiliar de conversación trabajaba conjuntamente con el profesor titular en clase y en ningún momento podía hacer de sustituto.
Más de 320 centros de Primaria y Secundaria de Canarias se beneficiaron durante el curso 2009/10 de esta iniciativa, que comenzó a operar en el Archipiélago en 2001. En 2006, el proyecto obtuvo el Sello Europeo a la iniciativa educativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
