El alcalde de Santa Brígida es imputado por el juez de instrucción número 1 de Las Palmas por prevaricación, malversación y tráfico de influencias

El digital de Canarias.


El pasado viernes los integrantes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la 152ª Comandancia de la Guardia Civil depositaban en el juzgado de instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria el atestado que culminaba las investigaciones realizadas dentro del marco de la operación Brisán contra la corrupción en el Ayuntamiento satauteño en relación con el actual alcalde de la corporación, Lucas Bravo de Laguna.En este caso el asunto se remontaba a su etapa como concejal de Vías y Obras en la legislatura anterior, en la que fue denunciado el destino de material municipal para usos privados y particulares y del que los concejales Victoria Casas y Antonio Ramírez, ahora el segundo gobernando con el alcalde popular, dieron conocimiento a la Guardia Civil, la cual comenzó en aquel momento a investigar todo el asunto. A consecuencia de ello se unió esta pieza de la investigación al caso Brisán que se centró inicialmente en el informe de la Audiencia de Cuentas y en las facturas de la ferretería de Luis Troya, pero que seguían su camino paralelamente. Esta pieza separada que se llevaba con sigilo, motivó numerosas comparecencias de trabajadores municipales en las dependencias del ECO y fue el testimonio de Antonio Ventura uno de los que más pesó en el ánimo del juez y por ende de la Guardia Civil para llegar hasta la figura del ex concejal de Vías y Obras y ahora actual alcalde. A pesar de las numerosas evidencias en un primer momento no se decidió imputar ni detener al alcalde satauteño y el juez estaba reacio a dar ese paso, por la trascendencia del caso, por los apoyos del alcalde y porque no le parecía conveniente echar más leña al árbol caído. Por eso todo el mundo daba inicialmente por imputado y detenido a Lucas Bravo de Laguna y la primera embestida a su círculo protector, es decir, ser llamado como testigo por parte de la Guardia Civil, fue primero aceptado y luego anulado al darse cuenta su señoría que todos los medios iban a estar esperando su comparecencia.Sin embargo ya el material presentado, informes, fotografías y evidencias es demasiado abrumador y el juez ha dictado un auto en el que imputa al alcalde de Santa Brígida por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La suerte está echada y una nueva etapa comienza para el Ayuntamiento satauteño y para el PP de Gran Canaria, que de nuevo ve como otro de sus alcaldes cae bajo el yugo de la justicia.

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